El activismo ambiental latinoamericano destaca por rescatar las necesidades de las personas marginadas y cómo se entrelazan con una mala administración de los recursos naturales. Se estima que en México, aproximadamente el 45% de la población vive en algún grado de pobreza (INEGI, 2018), algunas empresas aprovechan las necesidades de los ciudadanos para imponer falsas promesas de progreso, cuando en realidad, buscan explotar territorios de gran importancia natural y cultural sin ningún tipo de consideración medioambiental. Sin embargo, cuando defensores latinoamericanos señalan estas acciones, defienden al medio ambiente y los derechos de las minorías, se enfrentan a la estigmatización de su labor, sufriendo desde acosos por parte de las autoridades hasta amenazas de las empresas que anteponen el crecimiento de un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales (Berger, 2012) sobre el bienestar humano y ambiental. Desafortunadamente se estima que al menos 577 defensores de los derechos humanos ambientales (EHRD) fueron asesinados en América Latina entre 2010 y 2015 (Birss, 2017), tal es el caso del joven activista Eugui Roy Martínez Pérez de tan sólo 21 años, quien se encontraba cursando el segundo año de la carrera de biología el cual demostraba un futuro prometedor, a su corta edad se dedicaba al estudio y divulgación científica de reptiles y anfibios de México, el día 7 de mayo del 2020 un grupo de hombres armados irrumpió en el rancho donde se encontraba respetando la cuarentena por SAR-COV-2. Ha pasado un año y el crimen sigue impune y aunque múltiples investigadores, instituciones y la misma población presiona a la autoridades aún no hay un responsable (Milenio, 2020), Eugui sabía que la clave del cuidado ambiental se encontraba en la educación y difusión de la riqueza que existía en la región de Loxicha y que la ciencia y la investigación empodera al pueblo.
La riqueza ambiental de Latinoamérica se ha visto mermada a causa de la desmedida explotación de recursos naturales y la pobre regulación por parte de instituciones gubernamentales; la falta de compromiso ambiental ha llegado a un punto en el que todas las “oportunidades económicas”, por efímeras que sean, tendrán un papel prioritario sobre la salud medioambiental, difundiendo así el mensaje de que la ley se amolda a aquellos que pueden pagarlo.
“Cuando los altos mandos priorizan los intereses comerciales sobre los derechos de la vida cotidiana de los ciudadanos más pobres y marginados, tienden a verlos como obstáculos” (Birss, 2017), para ejemplificar lo anterior, podemos analizar cómo se incentiva la entrada de capital extranjero en lugar de motivar a sus pobladores a usar sus recursos de manera responsable y respetuosa, aunado a una precaria legislación donde se defienden los intereses de las multinacionales tenemos como resultado la explotación de reservorios naturales sin la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental, beneficiándose con la ignorancia de los pueblos, mintiendo respecto al alcance de sus obras y efectos adversos que estas causarán.
La calidad de vida está estrechamente relacionada con la salud ambiental de nuestro entorno, la necesidad de buscar un modelo económico amigable con el ambiente ha permitido que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el activismo jueguen un papel importante en el desarrollo económico actual, estas instituciones tiene como fin dar voz a aquellos que nos son escuchados y pelear, ya sea por el medio ambiente o los derechos humanos.
Generalmente las medidas y estrategias que aporta el gobierno para el cuidado ambiental son precarias, dejando a las ONG la mayor parte del trabajo con recursos limitados, siendo la búsqueda de fondo sus principal problemática, sin mencionar el desinterés de las regiones más precarias, ya que ellos siempre priorizan sus oportunidades de crecer con justas razones.
Las empresas saben que los territorios de comunidades rurales están llenos de recursos que pueden tomar de manera indiscriminada, como es el caso de la empresa Hudbay Minerals, que se encarga de la minería a cielo abierto, una actividad que requiere de un gasto hídrico enorme y que, sin un adecuado protocolo de desecho de residuos químicos, afectan la salud de los poblados que se encuentran alrededor.
La principal motivación para silenciar a los activistas de Latinoamérica es evitar que la población reconozca la riqueza natural de la región que habitan y sus posibilidades para aprovecharla de manera sostenible, de esta manera aseguran que las personas entregarán sus tierras por un mínimo beneficio a corto plazo y años de sufrimiento a largo plazo, desgraciadamente es un tema normal entre los poblados indígenas y si bien el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) tiene como responsabilidad garantizar el bienestar de las principales poblaciones afectadas en México, siguen siendo los activistas y ONG los que difunden esta problemática medioambiental y social a costa de su propia vida.
Escrito por: Biol. Andrea Vera, Asesora Ambiental en Grupo Promesa.
Fuentes
Price Marie. (1994). Ecopolitics and Environmental Nongovernmental Organizations in Latin America. 29 de abril 2021, de Taylor & Francis, Ltd. Sitio web: https://www.jstor.org/stable/215780
Liebert M. ENVIRONMENTAL JUSTICE .Volumen 5, Numero 2, 2012.
Birss M. Criminalizing Environmental Activism, NACLA Report on the Americas, 2017.
Milenio, 2020.